“¿Dónde están?” Familiares de desaparecidos en México preguntan

Desgraciadamente la respuesta puede ser la muerte

El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de la ONU, expresó su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo: arrestos, detenciones y secuestros «cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas».

A este doloroso fenómeno se unía la preocupación de la Asamblea «por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido».

Mediante una resolución, la ONU estableció la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y decidió declarar el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, jornada que comenzó a observarse en 2011.

Después de diez años de esta fecha emblemática que pretende encender los focos de alarma en contra de este crimen de lesa humanidad, México sigue a la cabeza de América Latina en desapariciones forzadas… y la tendencia va al alza.

Por este hecho, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó urgentemente a las autoridades mexicanas «a fortalecer la garantía de los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias por medio de procesos efectivos de búsqueda».

“La desaparición es una de las violaciones de derechos humanos más terribles, por el impacto que tiene en las personas desaparecidas y en sus familias y como tal requiere de una respuesta comprometida y coordinada de las instituciones”, señaló Jesús Peña Palacios, Representante adjunto en México de la ONU-DH.

El organismo publicó en fecha reciente el documento «La desaparición forzada en México: una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas», lo cual representa sólo una pequeña parte de su respuesta al enorme desafío que enfrenta México como país y su Gobierno, como garante de la seguridad y el respeto a los derechos humanos.

Números que no cuadran, dramas que no cesan

Las estadísticas oficiales reconocen que en el país norteamericano existen hasta el momento poco menos de 75,000 casos de personas desaparecidas, 74 por ciento de los cuales son hombres y 26 por ciento mujeres (en la última década han desaparecido 3,241 mujeres de entre 12 y 17 años, nueve cada día…).

Sin embargo, estas cifras son ampliamente superadas en México por las que posee la Comisión Nacional de Búsqueda quien suma ya 90,034 personas desaparecidas y no localizadas, del 5 de enero de 1964 al 29 de julio de 2021.

En ese período de tiempo hay 81,617 personas desaparecidas y 8,417 no localizadas. La última cifra que dio el Gobierno de México fue el 13 de julio de este año, e indicaba que había 73,201 personas sin localizar desde 1964.

Una grave diferencia de 16,833 personas cuyas familias nada saben de ellas y las buscan con denuedo, hasta que la esperanza o las intimidaciones de los grupos de delincuentes las hacen desistir. Esto último desde 2017 a la fecha es recurrente, lo cual viola otro derecho de las familias de las víctimas.

Según Peña Palacios, “Las familias de las personas desaparecidas han investigado, han liderado acciones de búsqueda y participado en las actividades de búsqueda realizadas por las autoridades. Al mismo tiempo, estas búsquedas, que han servido para esclarecer el paradero de numerosas personas desaparecidas, han puesto en riesgo a las familias en muchas ocasiones”.

Los grupos de delincuentes, que operan a sus anchas en el territorio mexicano intimidan a las personas que buscan a sus familiares con amenazas, ataques, desapariciones e incluso con asesinatos. Al menos 12 personas —madres, padres, esposas, maridos y hermanos— que buscaban a sus familiares desaparecidos en México han sido asesinadas.

Tan sólo en julio del 2021 mataron en Sonora a Aranza Ramos y en Zacatecas a José Nicanor Araiza. Las instituciones del Estado les fallaron: no los protegieron. Por ello, “es necesario que las autoridades garanticen las condiciones efectivas para que la participación de las familias sea en condiciones seguras”, concluyó Peña Palacios.

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